Los nuevas leyes y los cambios introducidos en el Régimen Jurídico y en el Procedimiento Administrativo del Sector Público están siendo analizados y comentados esta semana en el Centro Asociado de la UNED de Dénia. El curso arrancó ayer lunes y se prolongará hasta mañana miércoles, con un gran número de estudiantes entre los que se encuentran numerosos funcionarios y profesionales del derecho.
La directora del curso, Marta Lora-Tamayo (profesora titular de Derecho Administrativo de la UNED), junto al coordinador del mismo, José Salvador Monserrat (profesor-tutor de Derecho Administrativo del Centro Asociado de la UNED de Dénia) presentaron unas jornadas que han suscitado un gran interés tanto por su vigencia como por la coyuntura política que se vive en la actualidad.
La propia directora del curso pronunció la sesión inaugural, en la que describió las Principales novedades que introduce la Ley39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ley “que regula fundamentalmente la administración y sus órganos”, indicó. En su inició, recordó la “doble” naturaleza que siempre persigue el procedimiento administrativo: “El privilegio que supone y del que disfruta la propia administración y su versión de garante para los ciudadanos.
En cuanto al objeto de la nueva ley, Lora-Tamayo su importancia en cuanto a la regulación de las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, implantando una administración “totalmente electrónica”. De hecho, añadió, el nuevo texto legislativo “más que el fondo, cambia la forma, atendiendo a una necesidad técnica por encima de cualquier principio ideológico”.
Asimismo, y analizando la puesta en marcha de la administración electrónica, lanzó una reflexión de fondo para el análisis, plateándose de forma retórica si el procedimiento administrativo electrónico “supone una mayor garantía para el ciudadano, implica más privilegios para la administración o ambos supósitos”. De igual forma comentó que la ley nace ante la necesidad de regular una mayor participación pública en todos los poderes públicos.
“La relación electrónica con los ciudadanos tiene una doble vertiente: dar una apariencia de agilización administrativa, por un lado; pero también implica un notable riesgo de despersonalización de los propios ciudadanos y administrados”, indicó.
Gestión documental, interoperatividad y seguridad
La segunda ponencia de la tarde corrió a cargo de Rubén Martínez, profesor titular de la Universidad de Alicante, que habló sobre El Modelo de e-Administración en la Ley 40/2015. Su intervención no estuvo exenta de críticas y dudas respecto a la redacción de las nuevas leyeres sobre el Régimen jurídico y el procedimiento administrativo del sector público.
En primer lugar habló del posible incumplimiento de los esquemas nacionales de seguridad e interoperatividad que implicará la puesta en marcha de la administración electrónica, para continuar señalando la necesidad que se ésta última se ampare en un reglamento “que motive y justifique porqué a un determinado colectivo se le exige o no cumplimentar los trámites mediante este formato. “No nos engañemos, ¿Quién hace la tramitación electrónica? Según la ley, sólo las personas físicas no obligadas por un reglamento. Por tanto, hablamos más de una obligación que de un derecho”, se reafirmó.
Del mismo modo aseguró que la implantación de la tramitación electrónica “obligará a las administraciones a interconectar sus archivos, considerando el derecho que ampara a los ciudadanos a no aportar datos o documentos que ya obren en poder de la Administración. Al hilo de ello, incidió en la gestión documental como una de las bases del modelo de la administración electrónica. “Hay que diseñar bien los archivos y modelos de gestión documental, conforme al esquema nacional de interoperatividad y seguridad”, sentenció.
El curso en los medios: